El principal problema radica en que “aparentemente” las casas cuentan con todos los permisos legales, debido a que estos se han otorgado por los ayuntamientos en la forma adecuada y las viviendas, en la mayoría de las ocasiones, han podido ser incluso inscritas en el Registro de la Propiedad; órgano oficial que acredita la titularidad de las propiedades en España.
Pero la realidad es otra bien distinta, debido a las escandalosas actuaciones al margen de la ley que han llevado a cabo algunos gobiernos municipales, principalmente de municipios de la Costa, aunque también en otros muchos del interior. Estas actuaciones han consistido en otorgar licencias de obras a constructores y promotores en terrenos que legalmente no tenían calificación para ello, llegando incluso a otorgarlas en terrenos especialmente protegidos. Por ello, ni el comprador más precavido puede pensar que una vez concedida la licencia para obrar, ésta puede ser revisada y revocada por la Administración Autonómica; pudiendo en caso que se haya realizado la vivienda ordenar su demolición. Se calcula que sólo en Marbella hay más de 30.000 viviendas ilegales, de las cuales aún muchos de sus actuales propietarios desconocen el peligro de tal situación.Son varias las plataformas de ciudadanos que han creado sus propios blogs para denunciar situaciones como estas, sirviendo como ejemplo como el http://blog.iespana.es/plataforma29marzo/8.
En otros casos, los ayuntamientos simplemente “han mirado hacia otro lado” respecto a la realización de obras en terrenos no calificados como urbanizables, permitiendo con tal actitud que vendedores desaprensivos embauquen a la compra de viviendas situadas preferentemente en zonas rurales, dándoles a entender que dichas licencias de obras no son necesarias y que así es la forma habitual de actuar.
El caso más sonado ha sido el de la orden de demolición del Hotel en El Algarrobico, situado en la localidad de Carboneras (Almería), pero hay otros muchos más. Sin ir más lejos, sólo en el pequeño municipio de Albox, hay más de 2.000 británicos afectados cuyas viviendas son “ilegales”. Y así podríamos continuar por otros muchos puntos de la geografía española.
Conjuntamente con el innegable perjuicio que se les ha ocasionado a quienes eligieron España como lugar de residencia, se encuentra el enorme daño que se le hizo a la imagen de España y a todas aquellas empresas españolas que desarrollan sus actividades en el marco más estricto del cumplimiento de la ley y las normativas vigentes.
La Asociación Aloja – España, preocupada por este penoso incidente, se ha abocado a diseñar e implementar un servicio de investigación con la ayuda de la Junta de Andalucía y las distintas Oficinas del Gobierno involucradas en el tema.
Con este Certificado de Legalidad, el futuro comprador contará con toda la información necesaria para apoyar su decisión de compra. Igualmente, Félix Campillo, presidente de la Asociación Aloja, considera el Certificado de Legalidad importantísimo para todo propietario que haya adquirido una vivienda en España durante los últimos 10 años, principalmente si en el municipio de adquisición puede existir algún caso conflictivo.
Más información, escribiendo a :
asociacionaloja@gmail.es
950 620 640
Fax: 950 620 641
Asociación ALOJA ESPAÑA
Estación Intermodal, 1ª planta-derecha
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